La medida puede afectar a las distintas actividades portuarias como puertos deportivos, varadero y otras entidades asentadas en los muelles
La conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha mantenido un encuentro con distintos representantes del sector marítimo-pesquero gallego en el que anunció que la Xunta presentó un recurso contencioso-administrativo contra una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que establece un nuevo canon que afecta a las concesiones que ocupan terrenos portuarios adscritos, es decir, aquellas superficies que fue preciso ampliar después de que los muelles fueran transferidos por el Estado a las comunidades autónomas.
De esta manera, La Xunta recurre ante la justicia el nuevo canon impuesto por el estado para grabar las concesiones asentadas en terrenos adscritos a los puertos autonómicos. La medida supone que los concesionarios entre los que se encuentran los puertos deportivos, vean multiplicado el importe de las tasas que abonan, al sumar la estatal a la gallega, por ocupar espacios que los puertos ganaron con posterioridad a que el Gobierno central los transfiriera a las comunidades autónomas
La titular de Mar advierte de que este canon estatal se pone en marcha sin que hubiera ningún cambio legislativo que lo justifique y que sus implicaciones ponen en riesgo a viabilidad de muchas concesiones de las dársenas gallegas. En el caso que motiva la presentación de la demanda a orden ministerial supone multiplicar por tres el importe de la tasa autonómica y un impacto de más de 120.000 euros anuales.
Esta manera de proceder del Gobierno central puede afectar la distintas actividades portuarias como puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varadero y otras entidades asentadas en los muelles. Rosa Quintana asegura que este es un nuevo ataque del Ministerio de Transición Ecológica contra el sector del mar de Galicia en el que vuelve a interferir en las competencias exclusivas de la comunidad para gestionar los puertos que no son de interés general.
La titular de Mar, que estuvo acompañada por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, explicó que el Ejecutivo central introdujo esta nueva tasa sin que hubiera ningún cambio legislativo que lo justifique y que sus implicaciones ponen en riesgo a viabilidad económica de muchas concesiones vigentes en las dársenas gallegas.
En este sentido, la representante de la Xunta detalló que este nuevo canon se añade a las tasas que ya abonan los concesionarios al ente público gallego y que su importe en caso alguno es el doble que el autonómico, con el que los afectados tendrían que pagar en algunos casos hasta el triple por ocupar esos espacios en terrenos adscritos.
Rosa Quintana subrayó que esta cuestión ya se entreveía en los últimos informes emitidos por Costas, pero se materializó en mayo de este año cuando el Ministerio notificó a Portos de Galicia y a un concesionario la orden ministerial en la que se recoge este nuevo canon en base a una interpretación dudosa de la Ley de Costas estatal. De este modo, las concesiones que ocupan terrenos ampliados en dársenas autonómicas tras las transferencias estatales a Galicia estarían sometidas a la tasa autonómica y también a la estatal.
En el caso concreto que sirve para la presentación del recurso por parte de la Xunta de Galicia, la aplicación del canon supone multiplicar por tres la tasa gallega y un impacto de más de 120.000 euros anuales, lo que dificulta la viabilidad económica de la concesión.
En esta línea, hay diferentes informes emitidos por el Gobierno central que muestran su intención de actuar del mismo modo con otras concesiones en puertos como Sada, Vilaboa, Rianxo, Sanxenxo, Combarro, Bueu, A Guarda, A Toxa o Baiona. La aplicación de esa orden ministerial podría afectar a distintas actividades portuarias como puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varaderos y otras entidades asentadas en los muelles.
Nuevo ataque
La Xunta considera que este es un nuevo ataque al sector del mar de Galicia y está en total desacuerdo con esta tasa, que vuelve a interferir en las competencias exclusivas de la comunidad en los puertos que no son de interés general. Una vez más el Estado obvia el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en la consecución de sus propios objetivos.
La conselleira recordó que en su momento el Gobierno central transfirió los puertos a las comunidades autónomas, no solo unas determinadas superficies invariables, por lo que los terrenos adscritos deben considerarse parte del muelle y aplicársele las mismas reglas. De hecho, la comunidad es la que presta servicios, gestiona las concesiones, mantiene y, en la mayoría de los casos, construye las infraestructuras portuarias.
Precisamente eso es lo que le trasladó la Xunta al Ministerio en un requerimiento remitido en julio en el que pedía que se declarara nula la orden por la que se establece el canon y lo dejara sin efecto, pero la Administración gallega no obtuvo respuesta. Ante la falta de contestación, el Ejecutivo gallego presentó el recurso contencioso-administrativo -que fue admitido a trámite en octubre- con el objetivo de defender los intereses de los concesionarios de las dársenas gallegas y solicitar la nulidad del canon.
La titular de Mar lamentó que esta tasa, que parece creada para buscar un nuevo nicho de recaudación, puede provocar la quiebra económica de muchos concesionarios al ver multiplicadas sus tasas y situaciones difíciles de entender cómo que dos plazas de atraque contiguas abonen tasas muy dispares, una solo la autonómica y la otra tanto la gallega como la estatal.
Por eso, Rosa Quintana se comprometió con los representantes del sector a trabajar en la defensa de sus intereses ante los tribunales, pues parece que es la única forma de frenar los planes del Gobierno central de echar de la costa cualquier vestigio de presencia humana. En este sentido, la conselleira recordó precedentes como el recurso estatal al plan general de explotación marisquera 2021-2023, la Ley estatal de Cambio Climático y la reforma del reglamento general de espaldas o la interferencia en las competencias de Portos de Galicia en el plan especial de Cambados.
La representante de la Xunta confió en que los tribunales le den la razón a Galicia y que el Ministerio para la Transición Ecológica ponga fin a sus constantes e injustificados ataques contra el mar de Galicia. En esta línea, subrayó que la comunidad lleva décadas trabajando y protegiendo su litoral y que quiere seguir haciéndolo, apostando por la sostenibilidad ambiental y socioeconómica así como por la dinamización de las zonas costeras.
