El Consejo de Administración decide desistir del plan de 2020 y suspende el contrato de asistencia técnica
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha decidido, en sesión celebrada esta tarde en el puerto de Palma, paralizar el proyecto aprobado en 2020 bajo el gobierno del Pacte, que contemplaba la concentración del tráfico de línea regular en el dique del Oeste y la destinación de los muelles Comerciales al sector del mantenimiento náutico. Esta decisión unánime implica el desistimiento de la tramitación ambiental del plan y la suspensión del contrato de asistencia técnica asociado durante un mes, así como la liquidación de los trabajos realizados hasta la fecha.
El plan vigente hasta ahora ha sido cuestionado debido a que supone un empeoramiento de las condiciones de seguridad en la navegación y una menor fluidez en el tráfico marítimo. Esta situación ha llevado al Consejo de Administración a reconsiderar la reordenación del puerto, buscando alternativas que mejoren la operatividad y la logística del transporte de mercancías y pasajeros.
En la misma sesión, se acordó aplazar hasta la próxima reunión la decisión de iniciar la redacción de los estudios y proyectos necesarios para una nueva reordenación del puerto de Palma. Esta nueva propuesta busca impulsar la industria de reparación y mantenimiento de embarcaciones en el dique del Oeste, descongestionar los tráficos regulares de mercancías y pasajeros, y aumentar los espacios destinados a la interacción puerto-ciudad.
Uno de los puntos acordados es fomentar la colaboración con otras administraciones y organismos implicados para mejorar los accesos terrestres al puerto. Además, se enfatizó que las futuras superestructuras e instalaciones portuarias deben realizarse bajo las mejores condiciones de eficiencia, calidad de servicio, seguridad y respeto al medio ambiente.
La APB informó que la reorganización y modernización del puerto de Palma tiene como objetivo equilibrar los usos portuarios, optimizar los espacios para mejorar los tráficos marítimos y fomentar la industria de la reparación y mantenimiento de embarcaciones. Este proceso está en fase de estudio, consenso y aprobación por parte de administraciones públicas, entidades empresariales y sindicales, la comunidad portuaria y otros grupos de interés.
