La Xunta y el ayuntamiento sanxenxino mantienen una reunión de trabajo en la que denuncian el riesgo de la viabilidad económica con el nuevo canon
La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y el Ayuntamiento de Sanxenxo denuncian el grave impacto del proceder del Gobierno central imponiendo un nuevo canon sobre la superficie adscrita y concesionada en los puertos autonómicos. Esta medida afecta, entre otras entidades y empresas de la cadena mar-industria, al puerto deportivo Nauta Sanxenxo.
Este canon estatal, bajo criterios de la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, multiplicaría el importe que a día de hoy abona Nauta Sanxenxo a Portos de Galicia como concesionaria del puerto de titularidad autonómica por los servicios que el ente público le presta.
Así lo manifestaron la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, esta mañana en una reunión de trabajo en la que ahondaron en los proyectos de Nauta Sanxenxo, entidad náutica de titularidad municipal, para ampliar la concesión que ostenta y los servicios que presta a los usuarios.
A este respeto, las dos partes advirtieron del riesgo de que dicha ampliación esté afectada por la pretensión de Costas del Estado de imponer un nuevo canon a las concesiones que ocupan superficies adscritas. Esto afectaría a los terrenos ampliados en los puertos que fueron transferidos a la Xunta en 1982 y por los que los concesionarios ya abonan la correspondiente tasa a Portos de Galicia dado que dicha adscripción conforma una entidad única con la zona del puerto transferida.
De este modo, las entidades afectadas como Nauta Sanxenxo tendrían que abonar por una parte la tasa autonómica de la concesión por los servicios que se le prestan y, a mayores, otra al Estado por un importe que multiplica el de la autonómica.
Ante la incertidumbre generada por esta situación, la presidenta de Portos y el alcalde de Sanxenxo advirtieron de que esta imposición pondría en riesgo a viabilidad de Nauta. A este respeto, ambas administraciones subrayaron que seguirán trabajando intensamente en la defensa de la actividad de las concesiones que se vean comprometidas por esta situación provocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De hecho, la Xunta ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Gobierno central que establece ese nuevo canon a pesar de que no hubo ningún cambio legislativo que lo justifique y toda vez que su aplicación pone en riesgo la viabilidad económica de muchas concesiones vigentes en las dársenas gallegas.
