Marc García Manzana apuesta por una normativa autonómica que proteja a los vecinos y ordene el litoral valenciano
La Generalitat Valenciana ha presentado en el primer Foro Azul sobre marinas de comunidades autónomas su modelo de gestión portuaria y los ejes clave de la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una normativa pionera que busca mayor autonomía en la defensa del litoral.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha compartido ante responsables de varias autonomías el funcionamiento de la red de más de treinta puertos gestionados por la Generalitat y los avances hacia su modernización mediante colaboración público-privada.
Durante el foro, García Manzana cargó contra el Ministerio para la Transición Ecológica por los reiterados deslindes y la falta de actuaciones para regenerar la costa:
“En lugar de proteger y regenerar, el Ministerio cercena los derechos de quienes viven más cerca del mar”, denunció. La futura ley valenciana, explicó, establecerá un marco legal claro que complementará la legislación estatal, permitiendo proteger los núcleos costeros tradicionales y reforzar la seguridad jurídica frente a procesos como los deslindes. El texto también incorporará una zonificación detallada del litoral, protegerá ecosistemas sensibles como marjales y praderas de posidonia, y establecerá un régimen de inspección y sanciones.
Además, el proyecto prevé impulsar la economía azul, promoviendo un uso sostenible de los recursos marinos y asegurando beneficios a largo plazo para las comunidades costeras. También se habilitarán herramientas para reordenar zonas degradadas y crear espacios de conservación marina.
En el encuentro participaron también representantes del País Vasco, Canarias y Murcia, todas con competencias transferidas salvo esta última. García Manzana anunció que València acogerá en septiembre una nueva reunión, con la participación prevista de Andalucía, Baleares y Galicia, con el objetivo de consolidar una posición común entre autonomías que permita una gestión más directa y coherente del litoral.
“Buscamos una regulación responsable, que equilibre la protección ambiental con el desarrollo económico, y que dé voz a los municipios en la toma de decisiones”, concluyó el director general.
