Se adjudican las obras del Edificio Administrativo de Santa Lucía por 9.1 millones de euros para mejorar el acceso al frente marítimo

En un esfuerzo por abrir la dársena de Cartagena y la zona de Santa Lucía al mar, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha adjudicado las obras del nuevo Edificio Administrativo de Santa Lucía por un importe de 9,1 millones de euros. Este proyecto busca eliminar las barreras que dificultan el acceso de los ciudadanos al frente marítimo, según lo indicado por el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández.
Hernández subrayó que el objetivo principal del puerto es hacer accesible el frente marítimo de Santa Lucía a los vecinos. “El propósito del Puerto es seguir abriendo la ciudad al mar, eliminando todas aquellas barreras que impiden que el ciudadano acceda al frente marítimo”, comentó. La propuesta incluye la demolición de varias construcciones dispersas en el recinto, como el edificio de control, la nave taller, almacenes, oficinas y otras instalaciones, unificando estos usos en un único edificio de 2.500 metros cuadrados.
La construcción de un edificio más compacto permitirá liberar más de 11.000 metros cuadrados de espacio, mejorando las posibilidades de disfrute paisajístico y promoviendo la calidad de vida de los ciudadanos. Por primera vez, el frente marítimo de Santa Lucía será accesible para todos los vecinos, lo que también contribuirá a potenciar la identidad del lugar. “Los espacios urbanos liberados están sin definir, y se irán decidiendo conjuntamente con el Ayuntamiento y los vecinos de Santa Lucía, que se reflejará en otro proyecto de adecuación de espacios urbanos”, agregó Hernández.
En la reunión del Consejo de Administración, también estuvo presente Jorge García, concejero de Fomento e Infraestructuras, quien fue informado sobre las inversiones futuras del Puerto de Cartagena. Estas inversiones tienen como objetivo convertir al puerto en una infraestructura capaz de asumir los desafíos del transporte marítimo en el actual contexto geopolítico, así como cumplir con los nuevos requisitos europeos en materia de sostenibilidad y la producción de combustibles más sostenibles. Asimismo, se busca aumentar la superficie del puerto para crear nuevas oportunidades empresariales.
Hernández también dio cuenta de las acciones en el ámbito ferroviario, destacando la inminente puesta en servicio de la estación de Escombreras a mitad del próximo año. En este sentido, solicitó la necesidad de definir la conexión con la ZAL, la nueva variante con Alumbres y su vinculación al Corredor Mediterráneo. También abordó la situación del Gorguel, señalando que, a pesar de haber presentado un requerimiento al Ministerio en junio, aún no se ha recibido respuesta. Tras una reciente visita del presidente regional junto al presidente del Gobierno, Hernández expresó su confianza en que el Gobierno de la Nación mostrará interés en resolver positivamente este importante proyecto.
Adicionalmente, el Consejo de Administración aprobó la renovación de la licencia para el servicio de practicaje, así como la modificación de la ordenanza “Cartagena Port Control” y la ordenanza para el turno de atraques. También se presentó un informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las cuentas anuales de 2023.
Por último, se constituyó el Comité de Riesgos y Cumplimiento Normativo, en línea con la política de prevención de riesgos penales iniciada hace más de un año. En este marco, se aprobó un Código Ético que regirá para todos los trabajadores, miembros del Consejo de Administración, proveedores y clientes de la Autoridad Portuaria de Cartagena, reafirmando el compromiso de la entidad con la transparencia y la buena gobernanza.